Estado de Derecho Vs Estado de Excepciones

La inoperancia del Estado de Derecho en México es, sin duda, la raíz de todos los problemas en el país: el problema de problemas. Sin Estado de Derecho no pueden garantizarse los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos y la democracia no puede sobrevivir. Vivir en un Estado de Derecho significa que todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, deben someterse a las leyes y ser juzgados en igualdad de condiciones y sin excepciones. Cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite a otros que violen las leyes por su posición social, ideología, raza, grupo político o credo, no hay Estado de Derecho. En Jalisco el Estado de Derecho está aún en construcción y sus fallas son notorias, como lo muestran la excepción en la aplicación de la ley a una persona de la farándula, los cuestionamientos al Auditor del Estado y el desorden en la obra pública que tiene colapsada a la ciudad. Hoy comentaremos el primer caso.

La madrugada del pasado miércoles 02 de Septiembre del presente año el cantante Alejandro Fernández sufrió un accidente vial sobre el que se han emitido diversas opiniones, no contradichas, que muestran inoperancia y acaso parcialidad de la autoridad pública. Son varias las versiones que circulan en medios de comunicación: desde el presunto estado alcohólico del cantante y de los pasajeros hasta versiones de empleados del hospital al que fue trasladado que afirman que el cantante llegó intoxicado a la clínica. (http://www.iberoamerica.net/honduras/prensageneralista/laprensa.hn/20150...)

Ninguna de las versiones se puede confirmar en virtud de que no existe un dictamen técnico elaborado por peritos oficiales, que resulte de una investigación documental y de campo en el lugar de los hechos y en el que se presenten pruebas y declaraciones de los involucrados y testigos, como lo estipula el Protocolo de actuación de los peritos de la Secretaría de Movilidad en accidentes de tránsito terrestre. Por otro lado, se desconoce el estado en el que el conductor manejaba el vehículo. El procedimiento legal implica un examen de alcoholimetría realizado al conductor, el cual evidentemente no se efectuó por motivos que desconocemos, aunque supuestamente las personas que auxiliaron a los involucrados en el accidente los trasladaron inmediatamente al hospital. En los hechos, no se cumplió con lo establecido por el Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco en el caso de accidentes de tránsito terrestre (http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento_(Ley_de_los_Serv_de_Via_Tran_Transp_del_Edojal).pdf)

Son entonces preguntas obligadas: ¿por qué no se hizo una averiguación o no se la ha dado a conocer?, ¿por qué las instituciones de salud privadas que atendieron al accidentado(s) no avisaron al Ministerio Público?, ¿por qué no se realizó una denuncia por daño al patrimonio público ocasionado por el accidente? Y finalmente, ¿si el accidentado hubiera sido un ciudadano común y corriente habría tenido las mismas excepciones en la aplicación de la ley?.

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